La Primera Sala de la Corte Suprema, en causa rol 4656-2017, rechazó un recurso de casación y confirmó que un crédito con garantía o aval del Estado no puede incorporarse en un proceso de insolvencia personal, por tratarse de una norma especial.

Dada la relevancia del fallo, que marca una tendencia del máximo tribunal del país, el tema fue abordado por el programa "En palabras simples", número 45, emitido el 29 de mayo de 2017.

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En el segundo programa, Alejandro Pujá y Ana María Goede, entrevistaron a Stefan Larenas, presidente de ODECU, sobre la etapa final de la reforma a la ley del consumidor y al director regional del Servicio Nacional del Consumidor, Mauricio Retamal sobre los efectos de esta reforma en el SERNAC.

También comentamos la sentencia de la Corte Suprema que condenó a la municipalidad de Rancagua por la muerte de un niño en un canal de regadío no protegido.

En fallo unánime, Primera Sala máximo tribunal rechazó recurso de casación y ratificó el acuerdo alcanzado por el Servicio Nacional del Consumidor, la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones y organizaciones de consumidores, en el marco del denominado caso de colusión del papel tissue.

La Corte Suprema rechazó recurso de casación y confirmó el acuerdo de compensaciones económicas, alcanzado entre el Servicio Nacional del Consumidor, la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) y organizaciones de consumidores, en el marco del denominado caso de colusión del papel tissue.

En fallo unánime, la Corte Suprema acogió un recurso de casación en el fondo interpuesto en contra de una sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que, en el marco de un juicio ordinario de prescripción extintiva, revocó el fallo de primer grado que declaró prescrita la deuda contenida en una serie de pagarés.

En el arbitrio de nulidad sustancial el actor denunció la infracción a los artículos 9°, 13, 2492 y 2497 del Código Civil.

En fallo unánime, la Tercera Sala del máximo tribunal acogió el recurso de protección presentado en contra de la Caja de Compensación y Asignación Familiar La Araucana, por cobrar créditos declarados prescritos por sentencia judicial.

La Corte Suprema acogió una serie de recursos de protección presentados por el aumento de los costos de planes de isapres por el factor de Garantías Explícitas de Salud -GES-, disponiendo que se debe aplicar un aumento similar al monto de la prima universal fijado por la autoridad, que corresponde a 3,87 UF (unidades de fomento) por cotizante.

En fallo unánime (causas acumulados al rol 55.446-2016), la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Sergio Muñoz, Rosa Egnem, María Eugenia Sandoval, Carlos Cerda y Manuel Antonio Valderrama– resolvió los 14 recursos presentados por el incremento de los planes para el trienio 2016-2018, estableciendo que no podrán ser "significativamente mayores" al alza de la prima universal.

La Corte Suprema ratificó que una empresa sanitaria debe cancelar una indemnización  a 10 vecinos de la comuna de Alto Hospicio que sufrieron inundaciones con aguas servidas en sus hogares entre los años 2004 y 2007.  

En fallo unánime (rol 5040-2009) los ministros de la Cuarta Sala del máximo tribunal del país Patricio Valdés, Rosa Egnem, Roberto Jacob y los abogados integrantes Jorge Medina y Maricruz Gómez de la Torre rechazaron el recurso de casación presentado por la empresa Aguas del Altiplano en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Iquique que los condenó a pagar indemnizaciones por daño emergente y daño moral a diez vecinos de la calle Jazpampa a la altura del 3.100.

La Corte Suprema ratificó que Copesa debe pagar una indemnización cercana a los $85.000.000 (ochenta y cinco millones de pesos) por daño moral y patrimonial a trece personas que resultaron con serias lesiones por seguir los pasos de una receta de cocina publicada en revista de la empresa periodística.  

En fallo unánime (causa rol 9067-2009) los ministros de la Cuarta Sala del máximo tribunal del país Patricio Valdés, Gabriela Pérez, Rosa Egnem, Juan Escobar (suplente) y el abogado integrante Ricardo Peralta, determinaron que el Consorcio Periodístico de Chile S.A. (COPESA) debe indemnizar a 13 de los 15 demandantes iniciales por los daños directos y morales causados por una receta para elaborar churros, que fue publicada en el suplemento Mujer del diario La Tercera, el 25 de julio de 2004.

La Corte Suprema ratificó que una cadena de supermercados debe pagar una indemnización total de cerca de $ 30 millones de pesos a un cliente que sufrió una golpiza por parte de guardias de seguridad del local.   

En su fallo (rol 9663-2011), los ministros de la Cuarta Sala del máximo tribunal Patricio Valdés, Gabriela Pérez, Rosa Egnem, Juan Escobar (suplente) y el abogado integrante Rafael Gómez rechazaron los recursos de casación presentados en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que confirmó resolución del Quinto Juzgado Civil de Santiago que condenó a la cadena D & S.

La Corte Suprema rechazó un recurso de queja presentado en contra de los ministros de las salas de la Corte de Apelaciones de Santiago que condenaron a Easy S.A. a pagar una indemnización por el robo de una camioneta al interior de uno de sus locales.  

En fallo unánime (causa rol 8760-2011), los ministros de la Segunda Sala del máximo tribunal Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Carlos Künsemüller, Juan Escobar (suplente) y el abogado integrantes Jorge Lagos, rechazaron la presentación de Easy en contra de un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que determinó que la empresa debe pagar una multa de 50 Unidades Tributarias Mensuales, equivalentes a $ 1.951.050 y una indemnización de $20.000.000 (veinte millones de pesos) por concepto de daño emergente a Fernando Valdivia Bravo.

Fallo ordenó a la Municipalidad de Rancagua a pagar $100.000.000 a los padres del menor fallecido. La Corte Suprema confirmó el fallo recurrido que condenó a la Municipalidad de Rancagua a pagar una indemnización total de $100.000.000 (cien millones de pesos) a los padres de menor que murió al caer a un canal de regadío aledaño a su hogar.

En fallo unánime (causa rol 12.240-2017), la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Sergio Muñoz, Rosa Egnem, María Eugenia Sandoval, Carlos Aránguiz y Manuel Antonio Valderrama– declaró inadmisible el recurso de casación presentado y confirmó la responsabilidad del municipio por falta de servicio al no cercar o abovedar curso de agua que escurre, adjunto a vereda peatonal, sin ninguna medida de seguridad.

Las empresas y la Asociación de Productores Avícolas deberán pagar alrededor de US$ 58 millones a beneficio fiscal. Esta última entidad, además, deberá disolverse.

La Corte Suprema dictó la sentencia definitiva en el juicio por colusión iniciado en 2011 por la Fiscalía Nacional Económica contras las tres mayores empresas avícolas del país: Agrosuper, Ariztía y Don Pollo.

La Corte Suprema rechazó un recurso de casación y confirmó que un crédito con garantía del Estado no forma parte de la masa de deudas  en un proceso de insolvencia personal, previsto por la Ley N° 20.720 de reorganización y liquidación de empresas y personas.    

En fallo unánime (rol 4.656-2017) la Primera Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Patricio Valdés, Héctor Carreño, Guillermo Silva, Rosa María Maggi y Juan Eduardo Fuentes- desestimó infracción en la sentencia que consideró que un crédito contraído por parte de una estudiante universitaria con el Banco Estado no forma parte del procedimiento concursal al que se sometió.

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La Corte Suprema determinó que no es posible cobrar una deuda de crédito universitario por el tiempo transcurrido desde la firma del pagaré de la deuda adquirida.  

En fallo unánime (causa rol 1162-2011), los ministros de la Primera Sala del máximo tribunal Adalis Oyarzún, Juan Araya, Guillermo Silva, Carlos Cerda (suplente) y Alfredo Pfeiffer (suplente), acogieron la demanda de prescripción extintiva presentada contra la Universidad Austral de Chile (UACH).

La acción fue presentada por Raúl Sepúlveda Olivares, quien estudió Antropología entre 1988 y 1995, titulándose en 1999, y a quien aún se le estaba cobrando una deuda de crédito universitario de 133,05 UTM. La demanda fue presentada en 2009, y por lo tanto el fallo determina que transcurrió el plazo de prescripción para cobrar el crédito y que la retención de fondos por parte de la Tesorería General de la República no produce interrupción de la extinción de responsabilidad.

La Corte Suprema ratificó que el Servicio de Salud del Bío Bío debe pagar una indemnización de $80.000.000 (ochenta millones de pesos), a los padres de una menor que murió en el Hospital de Los Ángeles por un mal tratamiento.  

En fallo unánime (causa rol 5605-2009), los ministros de la Tercera Sala del máximo tribunal Pedro Pierry, Haroldo Brito, María Eugenia Sandoval y los abogados integrantes Nelson Pozo y Domingo Hernández, rechazaron el recurso de casación en contra del fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción que determinó la responsabilidad del establecimiento en la muerte de la menor Pamela Belén Toloza Díaz, el 13 de julio de 2000.

La Corte Suprema ratificó que Corporación Santo Tomás debe pagar una indemnización a nueve estudiantes de la carrera de investigación criminalística, por el daño moral provocado al ofertar una carrera con campo laboral inexistente.   

En fallo unánime (causa rol 9615-2011), los ministros de la Cuarta Sala -Patricio Valdés, Gabriela Pérez, Rosa Egnem, Juan Escobar (suplente) y el abogado integrante Nelson Pozo- rechazaron los recursos de casación presentados en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de la Serena que condenó a la Corporación Santo Tomás a pagar una indemnización de $4.000.000 (cuatro millones de pesos) a cada uno de los demandantes.

La Corte Suprema condenó al Complejo Hospitalario San José a pagar una indemnización de $8.000.000(ocho millones de pesos) a un paciente que recibió una tardía y deficiente atención en el centro asistencial, en 2011.

MOVISTAR, ENTEL Y CLARO deberán pagar una multa de $ 1.400 millones, cada una, por impedir acceso a los Operadores Móviles Virtuales. La sentencia es inapelable.

Así lo determinó la Corte Suprema, tras revocar el fallo de septiembre de 2010 emitido por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). Este organismo había rechazado un requerimiento presentado en 2007 por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), en el que acusaba a las tres telefónicas de ejecutar acciones tendientes a impedir el ingreso de Operadores Móviles Virtuales (OMV), empresas que compran tráfico telefónico a operadores con redes para la posterior reventa con su propia marca.

Los ex alumnos de la carrera de Investigador Criminalístico recibirán compensaciones económicas en el rango de los 4 y 6 millones de pesos por estudiante acorde a los años cursados.