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Fallas o defectos de la construcción: ¿Qué normas se aplican para reclamar?

Categoría de nivel principal o raíz: Doctrina y opinión jurídica Categoría: Doctrina y opinión jurídica en Chile Publicado: Miércoles, 20 April 2016 Escrito por Comunicaciones Consumidores Asociados

La actividad sísmica que caracteriza nuestro territorio ha significado una creciente preocupación por la calidad de las construcciones en Chile, particularmente las de uso habitacional. El debate público puso de manifiesto la necesidad de definir, previamente, las responsabilidades en el evento que dichas construcciones presenten fallas o defectos atribuibles a su edificación.

Artículo preparado por Armin Quilaqueo Vergara,

profesor de historia y licenciado en derecho,

colaborador de Consumidores Asociados y de ODECU.

Si bien la normativa se ha perfeccionado para responder de mejor forma a dicha preocupación, siempre es posible considerar, en lo que sea pertinente, las disposiciones que protegen los derechos de los consumidores.

En la Ley 19.496 podemos reconocer entre otros principios el de la ‘buena fe’, principio rector que supone una conducta adecuada, es decir, obrar bajo un comportamiento objetivo de honestidad y lealtad de las partes que concurren a un acto de consumo. Ese comportamiento deseable de honestidad y lealtad se materializa en las obligaciones que impone la normativa, como por ejemplo, la obligación que tiene el proveedor de bienes o servicios de entregar información veraz y oportuna al consumidor, en este caso sobre la vivienda que se ofrece, un derecho para el consumidor consagrado en el artículo 3º, letra b), de la ley citada:

“El derecho a una información veraz y oportuna sobre los bienes y servicios ofrecidos, su precio, condiciones de contratación y otras características relevantes de los mismos, y el deber de informarse responsablemente de ellos;”

Este derecho genérico e irrenunciable se complementa de manera coherente y armónica con la siguiente disposición del mismo cuerpo legal:

“(…) los datos, instructivos, antecedentes o indicaciones que el proveedor debe suministrar obligatoriamente al público consumidor, en cumplimiento de una norma jurídica (…) En la venta de bienes y prestación de servicios, se considerará información comercial básica, además de lo que dispongan otras normas legales o reglamentarias, la identificación del bien o servicio que se ofrece al consumidor, así como también los instructivos de uso y los términos de la garantía cuando procedan…

La información comercial básica deberá ser suministrada al público por medios que aseguren un acceso claro, expedito y oportuno…” Artículo 1º, Nº 3.

Este debería ser el primer resguardo ante la posibilidad de situaciones que pudieran tener incidencia en la calidad de la vivienda y que, como ya hemos visto, deben ser informadas oportunamente al consumidor siguiendo el principio de la buena fe. Sin perjuicio de ello, si se omitió información ‘relevante’ que pudo haber influido directamente en la decisión de elegir esa vivienda y no otra, podría configurarse, además, la vulneración de otro derecho irrenunciable que tiene el consumidor, elegir libremente:

“La libre elección del bien o servicio. El silencio no constituye aceptación en los actos de consumo;”Artículo 3º, letra a).

En suma, en todo acto de consumo se debe dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en las disposiciones legales que, por lo demás, responden a un conjunto de principios que deberían imperar en la relaciones entre proveedores y consumidores. De tal forma que la vulneración o incumplimiento de las obligaciones, por parte del proveedor, facultará al afectado para accionar judicialmente con el propósito de corregir cualquier irregularidad y reparar el daño causado.

La actividad sísmica que caracteriza nuestro territorio ha significado una creciente preocupación por la calidad de las construcciones en Chile, particularmente las de uso habitacional. El debate público puso de manifiesto la necesidad de definir, previamente, las responsabilidades en el evento que dichas construcciones presenten fallas o defectos atribuibles a su edificación.

Artículo preparado por Armin Quilaqueo Vergara,

profesor de historia y licenciado en derecho,

colaborador de Consumidores Asociados y de ODECU.

Si bien la normativa se ha perfeccionado para responder de mejor forma a dicha preocupación, siempre es posible considerar, en lo que sea pertinente, las disposiciones que protegen los derechos de los consumidores.

En la Ley 19.496 podemos reconocer entre otros principios el de la ‘buena fe’, principio rector que supone una conducta adecuada, es decir, obrar bajo un comportamiento objetivo de honestidad y lealtad de las partes que concurren a un acto de consumo. Ese comportamiento deseable de honestidad y lealtad se materializa en las obligaciones que impone la normativa, como por ejemplo, la obligación que tiene el proveedor de bienes o servicios de entregar información veraz y oportuna al consumidor, en este caso sobre la vivienda que se ofrece, un derecho para el consumidor consagrado en el artículo 3º, letra b), de la ley citada:

“El derecho a una información veraz y oportuna sobre los bienes y servicios ofrecidos, su precio, condiciones de contratación y otras características relevantes de los mismos, y el deber de informarse responsablemente de ellos;”

Este derecho genérico e irrenunciable se complementa de manera coherente y armónica con la siguiente disposición del mismo cuerpo legal:

“(…) los datos, instructivos, antecedentes o indicaciones que el proveedor debe suministrar obligatoriamente al público consumidor, en cumplimiento de una norma jurídica (…) En la venta de bienes y prestación de servicios, se considerará información comercial básica, además de lo que dispongan otras normas legales o reglamentarias, la identificación del bien o servicio que se ofrece al consumidor, así como también los instructivos de uso y los términos de la garantía cuando procedan…

La información comercial básica deberá ser suministrada al público por medios que aseguren un acceso claro, expedito y oportuno…” Artículo 1º, Nº 3.

Este debería ser el primer resguardo ante la posibilidad de situaciones que pudieran tener incidencia en la calidad de la vivienda y que, como ya hemos visto, deben ser informadas oportunamente al consumidor siguiendo el principio de la buena fe. Sin perjuicio de ello, si se omitió información ‘relevante’ que pudo haber influido directamente en la decisión de elegir esa vivienda y no otra, podría configurarse, además, la vulneración de otro derecho irrenunciable que tiene el consumidor, elegir libremente:

“La libre elección del bien o servicio. El silencio no constituye aceptación en los actos de consumo;”Artículo 3º, letra a).

En suma, en todo acto de consumo se debe dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en las disposiciones legales que, por lo demás, responden a un conjunto de principios que deberían imperar en la relaciones entre proveedores y consumidores. De tal forma que la vulneración o incumplimiento de las obligaciones, por parte del proveedor, facultará al afectado para accionar judicialmente con el propósito de corregir cualquier irregularidad y reparar el daño causado.

También hay normas especiales

Desde otra perspectiva, si el problema está relacionado directamente con la calidad de la construcción y, como consecuencia, se derivan dificultades para un uso adecuado de la vivienda, debemos considerar que el legislador diseñó normas específicas, introducidas por Ley 20.016 y Ley 20.073 que modificaron en lo pertinente la Ley General de Urbanismo y Construcción, estableciendo por ejemplo que:

“El propietario primer vendedor de una construcción será responsable por todos los daños y perjuicios que provengan de fallas o defectos en ella, sea durante su ejecución o después de terminada, sin perjuicio de su derecho a repetir en contra de quienes sean responsables de las fallas o defectos de construcción que hayan dado origen a los daños y perjuicios…

Sin perjuicio de lo establecido en el Nº 3 del Artículo 2003 del Código Civil, los constructores serán responsables por las fallas, errores o defectos en la construcción, incluyendo las obras ejecutadas por subcontratistas y el uso de materiales o insumos defectuosos, sin perjuicio de las acciones legales que puedan interponer a su vez en contra de los proveedores, fabricantes y subcontratistas.

(…) las personas jurídicas serán solidariamente responsables con el profesional competente que actúe por ellas como arquitecto, ingeniero civil, ingeniero constructor o constructor civil, quienes deberán individualizarse en el respectivo permiso de construcción.” Artículo 18.

En el mismo artículo 18 se fijaron los plazos computables para efectos de reclamar y perseguir las responsabilidades por fallas relacionadas con la construcción:

“Las acciones para hacer efectivas las responsabilidades a que se refiere este artículo prescribirán en los plazos que se señalan a continuación:

  1. En el plazo de diez años, en el caso de fallas o defectos que afecten a la estructura soportante del inmueble.
  2. En el plazo de cinco años, cuando se trate de fallas o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones.
  3. En el plazo de tres años, si hubiesen fallas o defectos que afecten a elementos de terminaciones o de acabado de las obras.

En los casos de fallas o defectos no incorporados expresamente en los numerales anteriores o que no sean asimilables o equivalentes a los mencionados en éstos, las acciones prescribirán en el plazo de cinco años.

Los plazos de prescripción se contarán desde la fecha de la recepción definitiva de la obra por parte de la Dirección de Obras Municipales, con excepción del señalado en el número 3, que se contará a partir de la fecha de la inscripción del inmueble a nombre del comprador en el Conservador de Bienes Raíces respectivo.”

De este modo, tanto la Ley del Consumidor como la Ley General de Urbanismo y Construcción proporcionan, en su respectivo ámbito de aplicación, herramientas de protección que hoy permiten a los consumidores no sólo exigir información veraz y oportuna sobre aspectos que pudieran incidir directamente en la calidad de las viviendas, sino también perseguir las responsabilidades de quien corresponda, ante fallas o defectos como consecuencia de una construcción deficiente.

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