Derecho de consumo

Categoría destinada a sentencias judiciales y resoluciones administrativas, doctrina y jurisprudencia internacional sobre materias de consumo.

Corte de Santiago acoge recurso de protección contra compañía de seguros por terminar contrato

Categoría de nivel principal o raíz: Sentencias judiciales Categoría: Sentencias de Cortes de Apelaciones Publicado: Sábado, 15 October 2011 Escrito por Comunicaciones Consumidores Asociados

Ratio: 0 / 5

Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de protección presentado por una mujer en contra de una compañía de seguros por poner fin unilateralmente a un contrato para la prestación de salud catastrófica.  

En fallo unánime (rol 4938-2011) los ministros de la Octava Sala del tribunal de alzada Jorge Dahm, Gloria Ana Chevesich y la abogada integrante Andrea Muñoz acogieron la acción cautelar presentada por Gabriela Quezada Menares en contra de la Compañía Chilena Consolidada.

Leer más...

Corte ordena a supermercado Líder Buenaventura pagar indemnización a accidentada

Categoría de nivel principal o raíz: Sentencias judiciales Categoría: Sentencias de Cortes de Apelaciones Publicado: Jueves, 06 October 2011 Escrito por Comunicaciones Consumidores Asociados

Ratio: 0 / 5

Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado

La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a la empresa a pagar una indemnización de $30.000.000 (treinta millones de pesos) a clienta que sufrió una caída, en abril de 2007, en local de Vitacura.    

En fallo unánime (en causa rol 4675-2010), los ministros de la Segunda Sala del tribunal de alzada -Miguel Vásquez, María Rosa Kittsteiner y la abogada integrante María Teresa Hoyos- determinaron que las empresas ligadas Supermercado Buenaventura y la Sociedad Distribución & Servicios (D&S), deben cancelar solidariamente la indemnización a Margarita López Muñoz.

Leer más...

ODECU presenta propuesta de Ley de Insolvencia para Chile

Categoría de nivel principal o raíz: Doctrina y opinión jurídica Categoría: Doctrina y opinión jurídica internacional Publicado: Lunes, 03 October 2011 Escrito por Comunicaciones Consumidores Asociados

Ratio: 0 / 5

Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado

La agrupación de consumidores entregó a ambas cámaras del Congreso, así como también al Minecom y al Sernac, un documento que plantea, entre otras cosas, la instalación de un sistema administrativo de resolución de conflictos relacionados con el sobreendeudamiento.

La iniciativa cuenta con el apoyo de Consumers International, organismo internacional que elabora ley modelo para América Latina y el Caribe.  

Esta mañana, la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile, ODECU, entregó al Ministerio de Economía y al SERNAC una propuesta para la creación de una Ley de Insolvencia para el país. El documento propone, entre sus ejes principales, la instalación de un sistema administrativo de resolución de conflictos relacionados con el sobreendeudamiento y la implementación de un sistema de educación financiera que actúe preventivamente.

“Se trata de un sistema similar a la ley de quiebras para empresas, pero destinado a resolver los problemas derivados del sobreendeudamiento de las personas naturales”, explica uno de los autores de la iniciativa, el coordinador institucional de ODECU, Alejandro Pujá.

Según el dirigente, los serios problemas de sobreendeudamiento y los abusos del mercado crediticio chileno hacen indispensable la existencia de una legislación especial como la que propone ODECU.

La propuesta legislativa que plantea la organización de consumidores se basa en la ley modelo de insolvencia de hogares de Consumers International, federación mundial de asociaciones de consumidores que, durante el 2010, convocó a un grupo de expertos latinoamericanos para elaborar la primera ley modelo de insolvencia familiar para América Latina y el Caribe.  

“Esta ley modelo ha pasado por varias etapas y ya tiene un texto semifinal el cual ha sido distribuido en Chile y otros países para los comentarios y observaciones finales de personas e instituciones ligadas al derecho de consumo”, cuenta Pujá. No obstante lo anterior, con el texto semifinal ODECU Chile ya inició un fuerte lobby para estimular la presentación de un nuevo proyecto de ley, en consideración a que uno anterior, promovido por el senador Pedro Muñoz, fue abandonado en su tramitación por el Congreso Nacional.

En ese contexto, la asociación de consumidores enviará el documento a ambas cámaras del Congreso Nacional y al Ejecutivo, a través del ministro de Economía, Pablo Longueira.

Actualmente ODECU, con el apoyo de Consumers International, realiza gestiones a todo nivel para establecer una ley de insolvencia de hogares y anunció que seguirán realizando otras acciones de difusión de la ley modelo durante lo que resta del año.

Enlaces relacionados

“Un millón de razones para una ley de insolvencia”  

Exitosa primera fase de ley modelo de insolvencia familiar en Chile  

Director del SERNAC y expertos coincidieron en mesa redonda de Consumers International y AVINA  

Caso colombiano: Así opera “ley de quiebra” para personas naturales

Caso español: Declararse en quiebra familiar

En España: Declararse en quiebra familiar

Categoría de nivel principal o raíz: Doctrina y opinión jurídica Categoría: Doctrina y opinión jurídica internacional Publicado: Domingo, 02 October 2011 Escrito por Comunicaciones Consumidores Asociados

Ratio: 0 / 5

Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado

Paraliza los pagos, intereses y ejecuciones en curso y ayuda a pagar la deuda con condiciones más ventajosas y plazos más amplios. El aumento del desempleo, las subidas constantes del Euribor y la crisis económica han hecho que muchas familias no puedan hacer frente a la hipoteca y a los demás compromisos en forma de préstamos que adquirieron con los bancos hace años.

Leer más...

En Colombia: Así opera 'ley de quiebra' para personas naturales

Categoría de nivel principal o raíz: Doctrina y opinión jurídica Categoría: Doctrina y opinión jurídica internacional Publicado: Sábado, 01 October 2011 Escrito por Comunicaciones Consumidores Asociados

Ratio: 0 / 5

Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado

Estos son los pasos que se deben seguir para aprovechar la Ley de Insolvencia Económica.  

A partir de la semana que pasó, los colombianos pueden acogerse a la Ley de Insolvencia, impulsada por el presidente de la Cámara de Representantes, Simón Gaviria, y reglamentada por el Gobierno.  

Para el congresista liberal, la reglamentación de la Ley 1380 del 2010 abre una gran ventana de oportunidad para que millones se pongan al día con sus deudas. Aunque es claro que la norma se redactó pensando en ellos, aclara, no se descuida a los acreedores, que podrían recuperar sus recursos gracias al nuevo marco jurídico.

Saber a ciencia cierta a cuántos deudores morosos puede beneficiar la nueva ley no es tarea fácil, pese a que existen dos centrales de riesgos (DataCrédito y Cifín) que siguen, al detalle, los hábitos de pago de los colombianos.  

El problema es que allí no figuran miles de personas que tienen vencidas sus obligaciones inmobiliarias (arriendos) ni los que adquieren deudas con allegados, entre otras. Cálculos de Covinoc estiman que 2,5 millones de morosos le deben a la banca 12 billones de pesos.

 

REQUISITOS PARA SER DECLARADO INSOLVENTE Y SITIOS DONDE ACUDIR

Beneficios, si hay acuerdo entre las partes  

1. Si es en los primeros 60 días hábiles, no se cobrarán los intereses de mora causados durante ese período.

2. Se suspenden los procesos jurídicos y no se pueden iniciar nuevas acciones ejecutivas contra el deudor.  

3. No se le pueden suspender los servicios públicos domiciliarios cuando el acreedor sea una empresa de esta naturaleza.  

4. La persona sólo se puede acoger a la ley una vez cada seis años, siempre y cuando haya cumplido el acuerdo anterior, si lo hubiere.  

5. Habrá hasta seis años de cárcel en caso de fraude en información, documentos o calidad de los acreedores, si se finge la disolución de la sociedad conyugal o si hay insolvencia intencional.  

6. Se evitan largos procesos judiciales -lo cual descongestiona la justicia-, así como un mayor detrimento patrimonial de las partes.

 

TENGA EN CUENTA LOS DOCUMENTOS QUE DEBE LLEVAR AL CENTRO DE CONCILIACIÓN  

Inventario de sus activos y pasivos, certificado por un contador público y presentado bajo gravedad de juramento.  Informe que precise las causas que lo llevaron a la insolvencia.  Propuesta para la negociación de las deudas.  A partir de la admisión de la solicitud, el deudor debe llevar contabilidad.  

En caso de un acuerdo:

Debe ser aprobado por acreedores que representen más del 50 por ciento de la deuda. Tiene que respetar la prelación y los privilegios que establece la ley civil para las acreencias (tributarias, laborales, familia, con garantía real y quirografarias). El plazo para lograr el acuerdo es de 60 días hábiles, prorrogables por 30 más.

 

A QUIENES COBIJA ESTA NUEVA REGLAMENTACIÓN

Requisitos  

1. La Ley aplica solamente para las personas naturales.  

2. Deudores de buena fe y con voluntad de pago.  

3. Quienes hayan incumplido el pago de dos o más obligaciones a favor de dos o más acreedores por más de 90 días.  

4. Deudores contra quienes cursen uno o más procesos ejecutivos.  

5. Aquellos cuyas deudas no sean menores al 50 por ciento de su pasivo.  

La diligencia puede hacerla en centros: Públicos Consultorios jurídicos de las universidades y centros de conciliación de las alcaldías y de entidades públicas. Privados Cámaras de comercio, notarías, Autorregulador del Mercado de Valores.

Conciliación  

37.707 deudores han podido saldar sus deudas en mora a través de conciliaciones con empresas de cobranza.  

53,5 millones de pesos es el valor máximo de los pasivos del deudor para adelantar el trámite de insolvencia ante un centro de conciliación público.

Fuente: Portafolio.co

Corte de Santiago condena a Falabella por cobrar seguro no contratado

Categoría de nivel principal o raíz: Sentencias judiciales Categoría: Sentencias de Cortes de Apelaciones Publicado: Domingo, 25 September 2011 Escrito por Comunicaciones Consumidores Asociados

Ratio: 0 / 5

Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado

En la causa rol 742-2011, la Novena Sala del tribunal de alzada ratificó el fallo que condenó a Falabella Pro a pagar una multa de 30 UTM, equivalentes a $1.156.710 y una indemnización de $200.000 a Hilda Torres Castro.

En esta sentencia, los ministros Patricio Villarroel, Raúl Rocha y el abogado integrante Bernardo Lara ratificaron el fallo del Tercer Juzgado de Policía Local de Santiago que condenó a la empresa por infracción a los artículos 12 y 23 de la Ley del Consumidor.

Leer más...

Corte de Santiago condena a tienda París por publicar ilegalmente en DICOM a cliente

Categoría de nivel principal o raíz: Sentencias judiciales Categoría: Sentencias de Cortes de Apelaciones Publicado: Domingo, 25 September 2011 Escrito por Comunicaciones Consumidores Asociados

Ratio: 0 / 5

Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado

La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a multitienda a pagar multa e indemnizar a consumidor por prácticas impropias.

En la causa rol 519-2011, la Séptima Sala del tribunal de alzada condenó a París S.A. a pagar una multa de 50 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalentes a $1.927.850, y una indemnización de $5.000.000 por daño moral a Jorge Simonetti Gálvez.

Leer más...

Corte de Apelaciones de Rancagua condena al BBVA por no respetar contrato a cliente

Categoría de nivel principal o raíz: Sentencias judiciales Categoría: Sentencias de Cortes de Apelaciones Publicado: Sábado, 24 September 2011 Escrito por Comunicaciones Consumidores Asociados

Ratio: 0 / 5

Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado

La Corte de Apelaciones de  Apelaciones de Rancagua condenó a entidad bancaria a pagar una indemnización de perjuicios a cliente, a quien se remitieron sus antecedentes de una deuda inexistente al boletín comercial Dicom.

En fallo unánime (causa rol 230-2011), los ministros de la Primera Sala del tribunal de alzada Raúl Mera, Emilio Elgueta y el abogado integrante Diego Ruidiaz determinaron que el Banco BBVA debe pagar una indemnización de $17.500.000 (diecisiete millones quinientos mil pesos) por el daño moral provocado a Jorge Gómez Leiva.

Leer más...

Corte Suprema condena a CFT Barros Arana por incumplimiento en contrato de educación

Categoría de nivel principal o raíz: Sentencias judiciales Categoría: Sentencias de la Corte Suprema Publicado: Sábado, 17 September 2011 Escrito por Comunicaciones Consumidores Asociados

Ratio: 0 / 5

Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado

La Corte Suprema ratificó que un centro de formación técnica debe cancelar una indemnización  de aproximadamente $ 6.000.000 (seis millones de pesos) por su responsabilidad en el incumplimiento de un contrato que impidió otorgar el título a un joven, pese a haber cursado los estudios completos.

En fallo unánime (rol 7967-2011) los ministros de la Primera Sala del máximo tribunal Milton Juica, Adalis Oyarzún, Sergio Muñoz, Guillermo Silva y la abogada integrante Maricruz Gómez de la Torre determinaron que el Centro de Formación Técnica (CFT) Barros Arana, continuador legal del Centro de Formación Técnica Pitágoras, debe cancelar las sumas de $ 983.000 (novecientos ochenta y tres mil pesos) por daño emergente y $ 5.000.000 (cinco millones de pesos) por daño moral a un estudiante de la carrera de “Saneamiento y Protección del Medio Ambiente”.  

El demandante es José Luis Matamala Garcés quien entre los años 2000 y 2002 cursó la carrera antes señalada en el Centro de Formación Técnica Pitágoras, realizando incluso su práctica laboral en una institución de salud de Curanilahue. Sin embargo, al momento de tramitar su titulación sus antecedentes académicos fueron extraviados lo que impidió el término de su formación.

El extravío de documentación se detectó luego de que el CFT Pitágoras fuera traspasado al CFT Barros Arana, pero de acuerdo a los antecedentes del proceso no se produjo la entrega de toda la documentación de los alumnos y la carrera que cursó el demandante dejó de impartirse.  

El fallo del máximo tribunal declara inadmisible el recurso de casación en la forma y rechaza el recurso de casación en el fondo al determinar que no hubo infracción ni de la Corte de Apelaciones de Concepción, ni de la jueza del Tercer Juzgado Civil de Concepción, Carola Rivas Vargas, al determinar la responsabilidad del CFT Pitágoras y el CFT Barros Arana.

EL FALLO

“Resulta pertinente recordar que solamente los jueces del fondo se encuentran facultados para fijar los hechos de la causa y que efectuada correctamente dicha labor, al determinar éstos con sujeción al mérito de los antecedentes, probanzas aportadas por las partes, interpretación y aplicación de las normas atingentes al caso en estudio, ellos resultan inamovibles para este tribunal, conforme a lo previsto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, no siendo posible su revisión por la vía de la nulidad que se revisa, al no haberse impugnado el fallo denunciando infracción a las leyes reguladoras de la prueba, circunstancia que conlleva concluir que el recurso en estudio adolece de manifiesta falta de fundamento, por lo que no puede prosperar, dado que las infracciones que denuncia pretenden alterar los supuestos de hecho en que se hace recaer la decisión”, dice el fallo.      

El fallo de primera instancia determinó la responsabilidad de los centros educacionales según el criterio que sigue. “Es menester recalcar que es el propio demandado quien afirmó, al contestar su demanda, que el actor no se encuentra impedido para obtener su Certificado de Título, por haber cumplido todos los requisitos académicos para ello; sin embargo, omite explicar  las razones por las cuales la institución no se lo ha otorgado ni ha estado llana a otorgárselo, a lo menos, luego de notificada la presente demanda, afirmando únicamente que ha sido el actor quien dejó transcurrir un largo espacio de tiempo sin requerir tal documentación (…) al menos, antes del 13 de diciembre de 2006, el demandante se había presentado y requerido los antecedentes para su titulación al demandado, en su calidad de continuador del C.F.T. Pitágoras, apareciendo evidente que ninguna respuesta fue obtenida por parte del demandado, quien se asiló en la inexistencia de documentación sobre el alumno, optando por requerirla del Ministerio de Educación. Esta situación es calificable de irregular por parte de la institución de educación superior, la que como continuadora legal de aquella que impartió la carrera que cursó al demandante, debe ser responsable de mantener la documentación de sus alumnos que los habiliten a obtener el título por el cual han estudiado y pagado, al menos por el plazo que la legislación o ellas mismas se impongan en su Reglamento, el cual, no se ha acreditado en estos autos”, dice el fallo.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EDUCACIONAL

Agrega que: “Ha quedado establecido en autos un incumplimiento de la demanda en el contrato de prestación de servicios educacionales pactado con el demandante, puesto que no obstante, ha reconocido en estos autos que el actor cumplía los requisitos académicos y reglamentarios para obtener su título, aquel no le fue otorgado, no acreditándose en estos autos, alguna justificación para ello, al contrario, el informe agregado a fojas 36, emanado el Jefe de Educación Superior del Ministerio de Educación, permite explicar esta situación, cuando indica que el Centro de Formación Técnica donde estudió el actor, fue muy irregular en la entrega de antecedentes, lo que corrobora la propia presentación que hace el demandado a dicho organismo el 13 de diciembre de 2006 (fojas 88) cuando ante la falta de documentación para cumplir con la titulación del actor, recurre a ellos para obtenerla, no obstante era su obligación, como continuador del Centro de Formación Técnica Pitágoras, mantener la referida documentación, para dar respuesta a la solicitud de titulación del actor”.  

Asimismo se determina que “A la luz de los antecedentes agregados a los autos, la demandada se ha puesto en la imposibilidad de dar cumplimiento al proceso de titulación del actor puesto que, conforme lo informa el Jefe de Educación Superior del Ministerio de Educación, a fojas 36, la carrera que cursó el actor fue cerrada por DEX N° 428 de 11 de junio de 2003, afirmando como solución que el actor convalide todos sus estudios y repita el proceso de titulación (…) Esta comunicación reafirma, entonces, que el perjuicio del actor se configura al haber cursado y pagado toda una carrera de “Saneamiento y Protección del Medio Ambiente”, cumplido los requisitos para obtener su titulación, sin que ello sea posible por el incumplimiento del demandado, continuador legal del Centro de Formación Técnica Pitágoras, donde los cursó”.

Fuente: Página del Poder Judicial de Chile.

Subcategorías

Buscador en Consumidores Asociados